Familiares de las víctimas fallecidas denunciaron retrasos en el proceso judicial y pidieron endurecer las penas contra quienes manejen en estado de ebriedad.
TIJUANA, Baja California, 14 de mayo de 2026.- Con un nudo en la garganta y el sentimiento a flor de piel, la familia de Juan Valle Guzmán y Rocío González exigió justicia a las autoridades tras casi 5 años desde que sucedió el fatal accidente que los dejó sin vida.
El suceso se remonta a la madrugada del lunes 17 de mayo de 2021, cuando el señor Valle llegó a formarse sobre la Vía Rápida de Tijuana para cruzar la frontera a San Diego por la Ready Lane, cuando de pronto un vehículo que circulaba desde atrás a alta velocidad salió de la Vía Rápida, golpeó el muro de contención y, sin reducir velocidad, embistió de lleno por el costado izquierdo el automóvil, el mismo que se incendió casi al instante. Se trataba de Nailea Salas Fernández, de entonces 30 años, quien se comprobó después que iba alcoholizada al momento de chocar.
Después de las llamas y los gritos de auxilio, el saldo fue de tres personas sin vida en el lugar, otras más heridas y 3 niños huérfanos. La señora Margarita Guzmán, quien se ha hecho cargo de los menores desde entonces, agregó que las semanas posteriores al accidente fueron de las más difíciles de su vida, ya que el recordar las crudas imágenes le quitaba el apetito y las ganas de realizar sus actividades cotidianas.
A casi cinco años del accidente ocurrido en la Vía Rápida de Tijuana, este jueves finalmente inició el juicio oral en contra de Nailea Salas Fernández. En ese sentido, Lourdes Valle, hermana de dos de las víctimas y cuñada de otra de las fallecidas, expresó la frustración y desgaste emocional que ha enfrentado su familia debido a los constantes aplazamientos del proceso. Señaló que el juicio ya había sido programado anteriormente, pero fue suspendido luego de que la imputada cambiara de abogados, situación que, aseguró, se repitió en múltiples ocasiones durante los últimos años.
La acusada permaneció detenida únicamente siete meses y posteriormente obtuvo su libertad bajo medidas cautelares, pese a la gravedad del caso. Asimismo, Valle criticó el actuar del sistema judicial y afirmó que las familias afectadas han tenido que revivir constantemente el dolor de los hechos debido a las demoras y cambios de jueces y defensores.
Los familiares exigieron a la Cámara de Diputados legislar para que se cambie el código penal y se le puedan imputar castigos más fuertes a personas que atenten contra la vida de otros en estado etílico, ya que, mencionan, no es el único caso donde no se obtiene justicia tras varios años de lucha.
