Especialistas cuestionan la propuesta de liberar a personas privadas de la libertad por delitos considerados de menor impacto y advierten que reducir la población penitenciaria sin garantizar procesos de reinserción podría trasladar el problema de los centros de reclusión a las calles.
TIJUANA, Baja California, 12 de agosto de 2026.- La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de buscar mecanismos para liberar a personas privadas de la libertad por delitos considerados de menor impacto, como una medida para reducir la saturación de los centros penitenciarios, es cuestionable si no se acompaña de un proceso efectivo de reinserción y evaluación individual de cada caso, consideró José Antonio Serratos García, presidente de Unidos por Tijuana.
Señaló que no debe establecerse únicamente una clasificación entre delitos de bajo y alto impacto para determinar quién puede recuperar su libertad, pues incluso quienes cometieron ilícitos considerados menores pueden representar un riesgo para la sociedad si no han sido rehabilitados.
Asimismo, Serratos García reconoció que las condiciones de hacinamiento en algunos centros justifican mejorar y ampliar la infraestructura penitenciaria, pero rechazó que la liberación de internos sea presentada como una solución definitiva. Explicó que el sistema de justicia penal ya contempla mecanismos alternativos y acuerdos de reparación precisamente para evitar que personas que no requieren prisión permanezcan recluidas, mientras que quienes sí deben cumplir una pena tienen que pasar por un proceso que permita su reinserción.
Por su parte, Fernando Mares Cosío, coordinador de la Agrupación Política de Baja California, calificó como un “error muy grande” liberar internos únicamente porque tienen condenas bajas o fianzas reducidas. Recordó que durante su experiencia como agente del Ministerio Público, subdirector del Penal de La Mesa y jefe de la Policía en Tecate, conoció casos en los que familiares de personas recluidas rechazaban que fueran liberadas pese a que las cantidades necesarias para cubrir sus fianzas eran mínimas, debido a que consideraban que su comportamiento representaba un riesgo fuera de prisión.
Mares Cosío advirtió que una decisión de este tipo no puede basarse únicamente en números de condenas o en la necesidad de disminuir la población de los CERESOS, pues antes tendría que conocerse el historial, comportamiento y capacidad de reincidencia de cada interno, además de considerar a las víctimas y a las propias familias.
Al cierre de 2025 había 256 mil 127 personas privadas de la libertad en México, mientras que Baja California registró 14 mil 745 internos, de acuerdo con datos oficiales y del INEGI; sin embargo, el estado contaba con 14 mil 928 espacios en sus cinco centros penitenciarios, por lo que el problema local no se reduce exclusivamente a una falta de capacidad.
