El presidente del Colegio de Abogados Unidos por el Bien Común señaló que Fiscalía, juzgadores y defensa conocen la información sobre las liberaciones.
TIJUANA, Baja California, 25 de agosto de 2026.- Tras el asesinato de una persona ocurrido la noche del domingo, minutos después de salir del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tijuana, debe investigarse una posible filtración de información sobre su liberación, consideró José Antonio Morán Rangel, presidente del Colegio de Abogados Unidos por el Bien Común.
Explicó que el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la secrecía de información relacionada con las investigaciones y las liberaciones, mientras que la revelación de estos datos puede constituir un delito, por lo que llamó a determinar quién pudo haber informado sobre la hora en que la víctima abandonaría el penal.
Morán Rangel señaló que los principales actores que conocen este tipo de información son el juzgador, la Fiscalía y el abogado defensor, ya sea público o privado, por lo que alguno de ellos pudo haber tenido acceso al dato sobre la salida del interno.
Añadió que también es necesario establecer protocolos de protección para las personas que recuperan su libertad, pues en ocasiones salen sin identificación, dinero o un lugar seguro al cual acudir, lo que puede dejarlos en una situación vulnerable.
