La Barra de Abogadas de Tijuana propone incorporar psicólogos y trabajadores sociales para agilizar la atención de niñas, niños y adolescentes involucrados en procesos familiares.
TIJUANA, Baja California, 25 de septiembre de 2026.- La Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco impulsa una propuesta para crear una unidad psicológica dentro o en las inmediaciones de los juzgados familiares, con el objetivo de garantizar que niñas, niños y adolescentes involucrados en procesos judiciales sean escuchados y atendidos con acompañamiento especializado. Estefanía Campos García, presidenta de la organización, explicó que la iniciativa surgió de una comisión dedicada a analizar propuestas para fortalecer la protección de los derechos de este sector.
Actualmente, estas diligencias se realizan con apoyo de psicólogos del DIF Estatal, lo que implica una serie de trámites para solicitar y programar su intervención, generando tiempos de espera de entre dos y cuatro meses. Campos García señaló que la intención es que los jueces tengan acceso directo a especialistas para atender las necesidades e inquietudes de los menores y contar con mayores herramientas para tomar decisiones bajo el principio del interés superior de la infancia.
La presidenta de la Barra de Abogadas indicó que, de acuerdo con el trabajo de campo realizado en los juzgados familiares, diariamente se desarrollan audiencias, procesos de revinculación y otras diligencias en las que participan niñas, niños y adolescentes. Con la incorporación de especialistas directamente vinculados a los juzgados, estimó que los tiempos de atención podrían reducirse entre 60 y 70 por ciento, además de responder a las nuevas necesidades que implicará la implementación de los juicios orales en materia familiar en Tijuana.
La propuesta ya fue presentada ante el Poder Judicial, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría General de Gobierno, instancias que, de acuerdo con Campos García, han mostrado disposición para analizar el proyecto. La expectativa es que en enero pueda conformarse un equipo inicial de cuatro psicólogos y dos trabajadores sociales en los juzgados familiares de Tijuana, con la intención de extender posteriormente el modelo al resto del estado.
