La red sancionada está vinculada a las carreras de caballos y apuestas
ESTADOS UNIDOS, 13 de octubre de 2026.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a cuatro personas físicas y once personas morales vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), grupo designado por el gobierno estadounidense como Organización Terrorista Extranjera (FTO).
La red sancionada abarca a individuos y empresas involucradas en actividades operativas y de blanqueo de capitales en sectores como las carreras de caballos de carreras, la construcción, el transporte de carga y la industria petrolera.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el bastión operativo del CDN se localiza justo al otro lado de la frontera con Laredo, Texas, considerado el puerto de entrada con mayor actividad en la frontera sur de Estados Unidos y por donde transita casi el 40 por ciento del comercio bilateral entre ambas naciones.
La autoridad estadounidense enfatizó que la profunda penetración del cartel en las industrias transfronterizas, combinada con su capacidad para infiltrarse en los gobiernos locales, direccionar la adjudicación de contratos públicos y manipular comicios regionales, socava la autoridad legítima y genera inestabilidad comunitaria a ambos lados de la frontera.
El CDN, estructura surgida de los antiguos Los Zetas, mantiene una trayectoria continua en el tráfico ilícito de narcóticos hacia territorio estadounidense, abarcando cargamentos de fentanilo, metanfetamina cristal, heroína, marihuana y cocaína.
La organización fue fundada por los hermanos Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales y Óscar Omar “Z-42” Treviño Morales, detenidos por las autoridades mexicanas en 2013 y 2015, respectivamente.
A pesar de su encarcelamiento en México, los fundadores preservaron el mando operativo del grupo criminal mediante el uso de abogados corruptos, entre los que destaca Juan Pablo Penilla Rodríguez, sancionado por la OFAC en abril de 2026.
Los hermanos Treviño Morales fueron extraditados a Estados Unidos en febrero de 2025 y actualmente enfrentan un proceso penal ante el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia por delitos de narcotráfico, extorsión, uso de armas de fuego y lavado de dinero, cargos que conllevan una pena máxima de cadena perpetua.
La investigación del Departamento del Tesoro destaca que el CDN posee un amplio historial de blanqueo de capitales mediante las carreras de caballos cuarto de milla en Estados Unidos.
Entre 2008 y 2012, “Z-40” y “Z-42” adquirieron y vendieron ejemplares de carreras con recursos de origen ilícito para posteriormente entrenarlos y ponerlos a competir en pistas estadounidenses.
En un periodo de 30 meses, prestanombres y empresas fachada ligadas a Los Zetas destinaron 16 millones de dólares en los estados de Nuevo México, Oklahoma, California y Texas para sostener dicha infraestructura, logrando lavar más de 22 millones de dólares para la organización.
Dentro de este esquema destaca Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar situado en las afueras de Nuevo Laredo y controlado directamente por el CDN. El establecimiento cobra cuotas de inscripción tanto a competidores como al público asistente, sirviendo de espacio donde líderes y miembros de la organización compiten con caballos adquiridos, en gran medida, en Estados Unidos.
Entre los principales usuarios del recinto figura Gamaliel Garza García, empresario con residencia en México, aficionado a la hípica y asociado comercial del CDN, quien participa activamente en carreras de ambos lados de la frontera, incluyendo pistas de prestigio en California y Nuevo México, así como en La Molienda.
Además, Garza García controla la cuadra de caballos cuarto de milla Cuadra San Dibanh, con sede en Anáhuac, Nuevo León, la cual compite regularmente en La Molienda y en otros recintos hípicos clave del país.
En el ámbito empresarial, las compañías de Garza García han servido como vehículos de financiamiento e integración ilícita.
Su empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA) ha sido empleada por el CDN para canalizar recursos a campañas políticas de candidatos afines. Asimismo, CEGESA obtuvo contratos públicos mediante esquemas de corrupción para después subcontratar los trabajos a personas vinculadas con el cartel.
Para cerrar el circuito operativo, se creó Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA), proveedora de materiales con sede en Nuevo Laredo que permitía la integración vertical del fraude en la obra pública: CEGESA ejecutaba o subcontrataba las obras, mientras COPASA suministrava los insumos.
A principios de 2026, CEGESA y COPASA figuraban entre las únicas constructoras autorizadas por el CDN para desarrollar obras en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La red de Garza García abarca también otras seis empresas con sede en Nuevo Laredo orientadas a la construcción y el sector energético: Construaceros del Fuerte, S.A. de C.V.; Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V.; Distribuidora de Gas Económico, S.A. de C.V.; Gas Energía Confiable, S.A. de C.V.; Propane Trading Group, S.A. de C.V.; y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, S.A. de C.V.
Entre los individuos señalados por la OFAC se encuentra también Gamaliel Garza Elías, hijo de Garza García, sancionado por su participación directa en las operaciones cotidianas de CEGESA y por la entrega de fondos destinados a financiar campañas electorales de aspirantes respaldados por el CDN.
De igual forma, fue designado Pablo César Guajardo Álvarez, alias “Takia”, actual jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y exlíder de su brazo ejecutor, encargado de supervisar la totalidad de las actividades criminales en su zona de influencia y con antecedentes en el tráfico de armas para la organización; Guajardo Álvarez había sido detenido en 2020 por su probable responsabilidad en el homicidio del funcionario Ricardo Martínez Chávez y cuatro servidores públicos ocurrido el 4 de enero de 2017, quedando posteriormente en libertad.
Por último, las sanciones alcanzaron a la empresa de transporte Tamex Leasing o Tamex Logistics (Tamex), radicada en Nuevo Laredo y utilizada para el contrabando de estupefacientes hacia territorio estadounidense.
Sus instalaciones operativas sirvieron como punto de origen para al menos dos cargamentos de cocaína interceptados por las autoridades, los cuales sumaron 52 kilogramos ocultos en compartimentos acondicionados dentro de los tambores de freno de los remolques.
