El edil y su defensa señalaron presuntas omisiones y dilaciones en la integración de la carpeta; también denunciaron riesgos para su familia y personas cercanas.
TIJUANA, Baja California, 13 de noviembre de 2026.- El avance de una investigación que está por cumplir dos años, sin que hasta el momento exista una determinación ministerial, llevó al regidor de Tijuana, Miguel Loza, a exigir públicamente a la Fiscalía General del Estado (FGE) que resuelva su situación jurídica conforme a derecho. El edil aseguró que ha atendido los requerimientos de la autoridad y entregado la documentación solicitada, pero consideró que los aproximadamente 700 días transcurridos son suficientes para que se determine si existen elementos para judicializar el caso o proceder con otra resolución.
Loza señaló que la prolongación de las investigaciones ha tenido repercusiones en su vida personal, familiar y social, además de afectar su imagen pública debido a publicaciones periodísticas que, afirmó, han difundido su identidad, cargo y datos de la carpeta de investigación, presentándolo como responsable de hechos que todavía no han sido determinados por una autoridad.
Por su parte, la abogada defensora, Yeny Charrez, señaló que la representación legal ya solicitó al Ministerio Público el no ejercicio de la acción penal, al considerar que existen elementos suficientes para determinar la situación jurídica de su representado. Sin embargo, indicó que la Fiscalía no atendió directamente la petición, por lo que ahora buscan acudir ante un juez de control para que se establezca un plazo y se obligue a la autoridad a definir si llevará el asunto a una audiencia inicial. Asimismo, informó que presentaron quejas ante Asuntos Internos por presuntas irregularidades en las actuaciones del Ministerio Público, entre ellas la negativa a firmar diligencias.
La defensora también manifestó preocupación por una segunda carpeta de investigación y por solicitudes de intervención en tiempo real de teléfonos y ubicaciones que, aseguró, involucran a Loza, sus testigos y familiares. Sostuvo que la situación ha trascendido el ámbito jurídico, pues desde la difusión del caso han recibido amenazas de muerte, por lo que advirtió sobre los riesgos que esto representa para las personas involucradas. Agregó que, de ser necesario, contemplan solicitar a la Fiscalía General de la República la atracción del asunto ante la falta de una resolución por parte de las autoridades estatales.
Finalmente, Charrez sostuvo que su postura no busca desacreditar las denuncias de violencia contra las mujeres, sino señalar que todos los casos deben investigarse con objetividad y que también debe respetarse la presunción de inocencia. Ambos reiteraron que están dispuestos a enfrentar una audiencia judicial si la Fiscalía considera que existen elementos para formular una imputación, pero insistieron en que la investigación debe avanzar y que las autoridades deben dar una respuesta sobre su situación jurídica.








