El Colegio Nacional de Abogados Penalistas señaló que la falta de prevención y las condiciones de vulnerabilidad pueden facilitar la captación de jóvenes por grupos delictivos; además, planteó modificar el marco de justicia para adolescentes.
TIJUANA, Baja California, 21 de septiembre de 2026.- La falta de personal, infraestructura y capacitación dentro de la Fiscalía General del Estado representa uno de los principales retos para la procuración de justicia en Baja California, señaló la delegada estatal del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, Leslie Arias Sesma, quien advirtió que existe un rezago en la integración y judicialización de carpetas de investigación. Explicó que las unidades de homicidios y atención ciudadana se encuentran saturadas, mientras que las áreas de Servicios Periciales enfrentan limitaciones para atender oportunamente las escenas del crimen.
En materia de adolescentes, Arias Sesma señaló que el estado enfrenta también un problema de prevención, al considerar que jóvenes en condiciones de vulnerabilidad pueden ser captados por grupos delictivos para participar en actividades ilícitas. Indicó que, además de posibles modificaciones legales, debe fortalecerse la reinserción social y las acciones preventivas dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes, particularmente en zonas donde existen mayores condiciones de riesgo.
Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, Jorge Reyes Leo, informó que el organismo participa en mesas de debate con legisladores federales para plantear reformas al marco penal, incluida la posibilidad de incorporar modificaciones relacionadas con las conductas delictivas cometidas por adolescentes.
El litigante señaló que la propuesta debe respetar el debido proceso y contemplar tanto las sanciones correspondientes como el tratamiento de los jóvenes involucrados; asimismo, consideró que la discusión debe realizarse mediante estudios y opiniones técnicas antes de presentar formalmente las modificaciones.
En cuanto a las cifras más recientes reportadas por la Fiscalía General del Estado, durante el periodo informado ante el Congreso de Baja California en diciembre de 2025 se judicializaron 344 casos relacionados con adolescentes y 326 fueron vinculados a proceso, mientras que se obtuvieron 273 resoluciones que pusieron fin a procesos, de las cuales 128 fueron sentencias condenatorias.
