El caso de una menor de edad que fue víctima de violencia sexual y accedió a un aborto asistido en Tamaulipas vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de prevenir y sancionar la cohabitación forzada.
TIJUANA, Baja California, 12 de agosto de 2026.- El caso de una menor de 11 años que presentó un embarazo de al menos cinco meses tras presuntamente haber sido víctima de abuso sexual en Matamoros, Tamaulipas, evidencia los riesgos que enfrentan las infancias cuando la violencia sexual es normalizada dentro del entorno familiar.
De acuerdo con reportes, el procedimiento de interrupción se realizó bajo la protección de la NOM-046 para víctimas de violación en el Hospital General No. 13 del IMSS en esa región. Ante este tipo de situaciones, Miriam Ayón Castro, enlace estatal de Mexicanos Fuertes, consideró lamentable que prácticas de esta naturaleza continúen normalizándose y advirtió que el caso demuestra la urgencia de fortalecer la prevención, la sensibilización y la protección de niñas y niños.
Ayón Castro señaló que, aunque Tamaulipas aún se encuentra en proceso de tipificar la cohabitación forzada, existen delitos como el abuso sexual y la violación que pueden aplicarse ante estos hechos. La activista destacó que Baja California ya cuenta con una reforma que sanciona la cohabitación forzada de menores y que actualmente se trabaja en su implementación mediante una mesa interinstitucional, un protocolo de atención a víctimas, campañas de sensibilización y un diagnóstico en los siete municipios.
A su vez, llamó a las autoridades municipales a no retrasar las acciones de prevención y atención, al señalar que estas prácticas no solamente ocurren en comunidades rurales o indígenas, sino también en ciudades como Tijuana, donde niñas, adolescentes y menores en contexto de movilidad pueden enfrentar una mayor vulnerabilidad.
