Diferentes sectores señalaron que la falta de conectividad, los costos para los comercios y las dificultades para utilizar herramientas digitales podrían afectar a los sectores más vulnerables
TIJUANA, Baja California, 27 de octubre de 2026.- La falta de acceso a internet, la limitada bancarización y los gastos que implicaría para los pequeños negocios adoptar sistemas electrónicos fueron señalados como algunos de los riesgos de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, aprobada por el Senado el 20 de octubre. El senador de la República, Max García, cuestionó que se avance hacia la reducción del uso de efectivo sin garantizar primero la infraestructura necesaria, pues los establecimientos podrían tener que adquirir terminales bancarias y cubrir comisiones de entre 1.5 y 4.5 por ciento, según el servicio contratado y la actividad económica.
El legislador sostuvo que la implementación debería ser gradual y acompañarse de mejoras en la conectividad y capacitación para los usuarios, particularmente adultos mayores y personas que no cuentan con servicios bancarios. Además, consideró que la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda para determinar los sectores en los que podrían aceptarse únicamente pagos digitales genera preocupación por el alcance de la medida y sus posibles implicaciones en la fiscalización de las operaciones económicas.
Por su parte, Daniel Avitia Beltrán, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, advirtió que el país todavía no cuenta con las condiciones tecnológicas ni con la preparación suficiente para una transición de esta naturaleza. Señaló que las personas de comunidades alejadas, quienes no tienen teléfono inteligente y los pequeños comerciantes que reciben pagos en efectivo podrían enfrentar mayores dificultades. También cuestionó que se impulse este cambio mientras persisten problemas en áreas como salud, educación, seguridad e infraestructura urbana, que, a su juicio, requieren atención prioritaria.
La ley fue aprobada por ambas cámaras del Congreso y, al 27 de octubre, se encontraba turnada al Ejecutivo federal para su publicación. De acuerdo con el proceso previsto en el decreto, entrará en vigor al día siguiente de aparecer en el Diario Oficial de la Federación; posteriormente, Hacienda tendrá un plazo de 15 días hábiles para determinar los sectores y actividades en los que podrán establecerse pagos exclusivamente digitales.
