Los diputados aseguraron que le prórroga es para evitar que se den resoluciones precipitadas
MEXICALI, Baja California, 01 de abril del 2026.- En sesión de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional del Congreso de Baja California, se aprobó el acuerdo de solicitud de prórroga de plazo legal para dictaminar juicio político en contra de la alcaldesa Miriam Elizabeth Cano Núñez, promovido por diecisiete ciudadanos de San Quintín.
Explican que solicitud para posponer el juicio tiene como finalidad garantizar que la determinación se encuentre soportada en una valoración objetiva y racional del material probatorio; así como en una correcta argumentación jurídica de los hechos denunciados, evitando resoluciones precipitadas que puedan vulnerar los derechos fundamentales de las partes involucradas.
La comisión deberá realizar un análisis exhaustivo, integral y sistemático que permita emitir un dictamen debidamente fundado, motivado y congruente con los principios de legalidad, certeza jurídica y debido proceso parlamentario.
La diputada Montse Murillo enfatizó que un juicio político no es cualquier trámite, sino un instrumento que tiene la ciudadanía para pedir cuentas a quien gobierna. Y diecisiete personas acudieron a este Congreso a presentar y ratificar su denuncia, para posteriormente presentar una ampliación con nuevos elementos.
En esta sesión celebrada en la Sala “Dr. Francisco Dueñas Montes” del Poder Legislativo del Estado, participaron Evelyn Sánchez, Juan Manuel Molina y Jaime Cantón, así como el Director de la Consultoría Legislativa, Israel Ceseña; el Director de Procesos Parlamentarios, Javier Sánchez, así como el representante de la Secretaría General de Gobierno, Luis Alonso López.
La prórroga será por el término máximo que establece la legislación de la materia, que de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, es de 30 días naturales, posteriormente se dará cuenta a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), para que sea sometida a consideración del Pleno del Congreso de Baja California.
