Arresto de Ruffo Appel pone a prueba la certeza jurídica y la confianza empresarial en BC

El sector empresarial advierte que la percepción de falta de debido proceso y la turbulencia política podrían afectar la imagen del estado ante los inversionistas.

TIJUANA, Baja California, 21 de julio de 2026.- El arresto del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ha generado preocupación entre el sector empresarial por la forma en que se ha presentado públicamente el caso y sus posibles implicaciones en la percepción de certeza jurídica en el estado.

Roberto Lyle, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que una orden de aprehensión no significa que una persona sea culpable y consideró necesario respetar la presunción de inocencia, al advertir que existe un malestar generalizado entre distintos sectores por la manera en que se han difundido los señalamientos contra el exmandatario.

El dirigente empresarial advirtió que la inversión puede verse afectada cuando no existe certidumbre jurídica ni Estado de derecho, por lo que consideró necesario que el caso se desarrolle conforme a la ley y que Ruffo Appel tenga la oportunidad de defenderse y aclarar los señalamientos en su contra.

Añadió que la percepción de inseguridad y la falta de confianza en las instituciones son factores que también pueden impactar la competitividad y el desarrollo económico de Baja California.

Por su parte, Elisa Ibáñez, presidenta de COPARMEX Tijuana, consideró que el caso del exgobernador, aunado a otras controversias políticas que han colocado a Baja California en el centro de la atención nacional, representa un escenario complejo que puede afectar la imagen de la entidad.

No obstante, afirmó que el sector empresarial debe continuar promoviendo la inversión, el comercio y el empleo formal, al tiempo que llamó a las autoridades a garantizar el debido proceso y a que las declaraciones públicas no interfieran con la certeza jurídica del procedimiento.

El sector empresarial llamó a evitar que la turbulencia política y la forma en que se manejan públicamente los procesos judiciales deterioren la confianza de los inversionistas, especialmente en un estado que busca mantener la llegada de capitales y fortalecer su desarrollo económico.

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