Legisladores y senadores coinciden en que debe analizarse el presupuesto del Congreso estatal luego de que la presidenta lo señalara como uno de los más costosos del país
TIJUANA, Baja California, 13 de marzo de 2026.- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum exhibiera en su conferencia matutina al Congreso de Baja California como uno de los más costosos del país, con un presupuesto que supera los 800 millones de pesos anuales y más de 34 millones de pesos por cada legislador, la diputada local de Morena, Evelyn Sánchez, aseguró que al interior del Poder Legislativo ya se analiza la posibilidad de realizar ajustes al gasto.
La legisladora explicó que el cálculo presentado incluye servicios como nómina, luz y agua de todo el aparato administrativo, aunque consideró válido revisar el presupuesto para redirigir recursos a necesidades del estado y los municipios, además de señalar que no se opone a eventuales reducciones.
Por su parte, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña consideró que el cálculo sobre el costo por legislador es discutible, ya que el presupuesto de los congresos no sólo corresponde a diputados, sino también a la estructura laboral que permite el funcionamiento del Poder Legislativo. Sin embargo, reconoció que existe razón en el planteamiento de la presidenta al señalar que se deben reducir los costos de los congresos, aunque advirtió que las comparaciones entre estados deben considerar diferencias territoriales, poblacionales y operativas.
En tanto, el senador del PAN Max García señaló que el debate debe centrarse en la transparencia del gasto público para que la ciudadanía conozca en qué se utilizan los recursos del Congreso. Indicó que los presupuestos deben ser acordes a la realidad social y que la política de austeridad debe reflejarse también en los órganos legislativos, por lo que consideró necesario revisar sueldos, apoyos sociales y otros recursos para garantizar que realmente se traduzcan en beneficios para la población.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha adelantado que dentro de su propuesta de reforma político-electoral se contempla establecer límites al gasto de congresos locales y otras instituciones del sistema político, con el objetivo de reducir los costos del aparato gubernamental y redirigir recursos a programas y necesidades prioritarias en los estados.
