Teresita de Jesús Balderas Beltrán aseguró que las denuncias presentadas ante la Fiscalía derivan de señalamientos reiterados en su contra y del incumplimiento de medidas cautelares emitidas desde abril.
TIJUANA, Baja California, 27 de mayo del 2026.- La titular de la Sindicatura Procuradora Municipal, Teresita de Jesús Balderas Beltrán, acudió ante la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a dos denuncias interpuestas contra Viridiana “N” y Eduardo “N”, relacionadas con presuntos actos de violencia política en razón de género y hostigamiento hacia su persona. La funcionaria explicó que una de las denuncias fue presentada hace aproximadamente un año y la otra hace cuatro o cinco meses, además de señalar que ambos denunciados ya habían recibido medidas cautelares en abril pasado.
Asimismo, Balderas Beltrán indicó que, pese a las restricciones emitidas por las autoridades, continuaron las publicaciones y declaraciones en su contra, por lo que decidió mantener el proceso legal. Precisó que las medidas contemplaban abstenerse de emitir comentarios que fomentaran violencia política de género, además de evitar acercamientos en instalaciones oficiales o eventos públicos donde ella estuviera presente. La síndica subrayó que siempre ha aceptado las críticas relacionadas con su desempeño público, pero consideró que se cruzó un límite al involucrar aspectos personales y familiares, particularmente referencias hacia su papel como madre y la educación de sus hijos.
La funcionaria afirmó que le llama la atención que este tipo de señalamientos surgieran en el contexto previo al proceso electoral de 2027, aunque descartó tener pruebas de que exista algún actor político detrás de las acusaciones. Señaló que, tras más de una década en el servicio público y cinco años en la administración municipal, nunca había enfrentado una situación similar. Asimismo, relató que el impacto de las publicaciones también afectó a su familia, especialmente a su hija, quien le pidió actuar legalmente al considerar injustos los comentarios difundidos en redes sociales.
La sindica reiteró que las denuncias no buscan limitar la libertad de expresión ni evitar cuestionamientos hacia su labor pública, sino establecer responsabilidades cuando las acusaciones carecen de sustento y afectan el ámbito personal y familiar. Añadió que serán tanto la Fiscalía como el Instituto Estatal Electoral las instancias encargadas de determinar las resoluciones correspondientes y posibles sanciones derivadas del caso.
