Denuncian fraude inmobiliario y exigen justicia en Lomas de San Antonio

200 familias compraron terrenos en el desarrollo Brisas 2 y aseguran que no han recibido respuesta de la Fiscalía; algunas también enfrentan amenazas de desalojo.

TIJUANA, Baja California, 13 de octubre de 2026.- Cerca de 200 familias afectadas por un presunto fraude inmobiliario en terrenos de Lomas de San Antonio, vendidos como Brisas 2, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Zona Río para exigir avances en sus denuncias, luego de meses sin recibir información sobre sus casos.

Alejandra, una de las afectadas, explicó que adquirió su predio en 2022 y que se enteró de las presuntas irregularidades tras conocer la detención de una persona relacionada con la venta de los terrenos y encontrar las oficinas clausuradas.

Por su parte, Silvia Aguilar señaló que las familias han invertido durante años en sus predios, algunos con un costo de hasta 28 mil dólares, sin contar los recursos destinados a construir sus viviendas. Denunció que han recibido amenazas de desalojo y que nuevas inmobiliarias se han presentado para reclamar la propiedad de terrenos que, aseguró, ya habían sido vendidos. También afirmó que un hombre acudió a su domicilio para advertirle que tenía dos semanas para desalojar, pese a que ella ya había presentado una denuncia por el presunto fraude.

Ambas ciudadanas señalaron que la incertidumbre y la falta de respuestas de las autoridades han generado desgaste económico y emocional entre los vecinos, quienes mantienen comunicación para alertarse sobre posibles movimientos en la zona. Indicaron que varios afectados han reunido sus denuncias para solicitar seguimiento, y cuestionaron que existan nuevos reclamos sobre predios por los que las familias han pagado durante años, sin contar con títulos de propiedad a su nombre.

Las afectadas exigieron a la Fiscalía General del Estado dar seguimiento a las denuncias, esclarecer la situación legal de los terrenos y garantizar que sus derechos sean respetados. Asimismo, pidieron que se investiguen los presuntos fraudes y las amenazas de desalojo, para evitar que más familias pierdan el patrimonio en el que han invertido sus ahorros y esfuerzos.

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