El director del albergue Ágape, Albert Rivera, acusa fallas de autoridades estatales, servicios de emergencia y organismos de derechos humanos, además de posibles represalias por parte de la Fiscalía.
TIJUANA, Baja California, 16 de abril de 2026.- Una serie de omisiones, negligencias y presunto encubrimiento por parte de diversas autoridades en Baja California fueron denunciadas en torno al caso de un migrante identificado como Manuel, quien habría sido víctima de tortura; en este contexto, Albert Rivera, director del albergue Ágape, señaló directamente a la Fiscalía estatal y a organismos de derechos humanos por no dar seguimiento adecuado a denuncias, negar acceso a información y, en algunos casos, encubrir irregularidades en la atención médica y legal del afectado.
Rivera expuso que existieron fallas graves de coordinación entre corporaciones como el C4, la Policía Municipal, la Cruz Roja y el Hospital General, ya que, pese a la gravedad de las lesiones, no se activaron protocolos adecuados ni se resguardaron evidencias. Aseguró que el migrante presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en partes íntimas, lo que podría dejarle secuelas permanentes, y acusó que el hospital minimizó inicialmente la gravedad del caso, además de no notificar a las autoridades correspondientes.
Asimismo, el director del albergue afirmó que la Fiscalía se negó inicialmente a tomar su declaración y no acudió oportunamente a recolectar pruebas, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tampoco intervino de manera inmediata. Denunció además posibles actos de intimidación, al señalar que se le advirtió sobre sanciones económicas de entre 3 mil 500 a 5 mil pesos si no comparecía, y cuestionó que las autoridades soliciten datos personales de los migrantes resguardados en el albergue.
Por su parte, los manifestantes que tambien residen en el albergue, mencionaron que el temor de ser perseguidos por parte de las autoridades es continuo entre la comunidad, esto sumado a la falta de respuesta por parte de las autoridades cuando se ven agraviados físicamente o en sus derechos humanos.
Tras casi una hora de protesta, los representantes jurídicos del albergue junto con si director fueron atendidos por Miguel Ángel Guerrero Castro, director de la Fiscalía Regional de Tijuana para escuchar las extensas peticiones de los manifestantes.
