Tras recientes acciones de la Fiscalía, especialistas advierten que el problema va más allá de un detenido y exigen investigaciones a fondo en notarías, Catastro y el Poder Judicial.
TIJUANA, Baja California, 31 de marzo de 2026.- Las recientes detenciones realizadas por la Fiscalía General del Estado en Baja California por su presunta relación con el llamado “cártel inmobiliario” han reavivado las denuncias sobre una red de despojo de propiedades, particularmente en Tijuana, donde víctimas han reportado cambios irregulares de propietarios y ocupaciones forzadas de inmuebles.
En ese contexto, José Antonio Serratos García, presidente de la asociación Unidos por Tijuana, señaló que este tipo de delitos ha causado un “gran desliz” en la seguridad patrimonial de los ciudadanos, recordando que anteriormente bastaban documentos básicos para realizar cambios de propietario en instancias como Catastro.
Por su parte, Francisco Castro Trenti, presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, sostuvo que estos delitos no podrían configurarse sin la participación de funcionarios públicos, por lo que insistió en la necesidad de una investigación “técnica, profesional y transparente” que alcance a toda la cadena de responsables.
Subrayó que el problema no se limita al fuero común, sino que también existen casos en el ámbito federal, particularmente en zonas costeras, donde propietarios enfrentan obstáculos legales para recuperar sus bienes tras aseguramientos derivados de delitos cometidos por terceros.
En contraste, el juez Juan Hurtado Díaz, titular del juzgado décimo segundo especializado en materia hipotecaria, defendió la actuación de los funcionarios judiciales al asegurar que estos operan bajo el principio de buena fe. Explicó que los jueces no tienen facultades de investigación y que, al recibir demandas con los requisitos legales, como contratos de compraventa y certificados de inscripción, están obligados a darles trámite, por lo que resulta complejo atribuirles responsabilidad directa en estos casos sin pruebas de irregularidades.
Ante este panorama, especialistas recomiendan a la ciudadanía extremar precauciones para proteger su patrimonio: verificar siempre la situación del inmueble en el Registro Público de la Propiedad, confirmar la identidad del vendedor y revisar que las escrituras estén en regla; solicitar certificados de libertad de gravamen y comprobar que no existan adeudos o juicios; evitar pagos anticipados sin contratos formales y realizar cualquier operación únicamente ante notario público y con asesoría legal especializada.
