Denuncian omisiones de autoridades en atención a un migrante agredido; Comisión Estatal rechaza señalamientos y asegura haber actuado conforme a sus facultades
TIJUANA, Baja California, 27 de marzo de 2026.- Luego de que se diera a conocer el caso de un migrante que fue presuntamente secuestrado, torturado y abandonado gravemente herido en las inmediaciones de un albergue en Baja California, se encendieron las alertas por las condiciones en las que fue localizado y la atención que ha recibido.
La víctima Manuel presenta severas afectaciones psicológicas tras la agresión, por lo que se ha solicitado atención urgente especializada, así lo dio a conocer Luis Enrique Rodríguez, encargado del albergue Ágape, quien señaló que la prioridad es brindarle apoyo tanto psiquiátrico como psicológico debido al trauma agudo que enfrenta, además de intervención médica inmediata por lesiones graves en sus genitales que requieren cirugía.
Por su parte, el pastor Albert Rivera, director del albergue Ágape, explicó que la manifestación en las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California responde a la falta de atención a múltiples denuncias y a la omisión en el caso reciente. Afirmó que, pese a solicitar apoyo urgente tras los hechos, personal del organismo se negó a acudir de inmediato al albergue, donde había evidencia de la agresión, lo que consideró una falta grave en la protección de los derechos de las personas migrantes.
Asimismo, Rivera acusó que existen al menos 30 quejas sin resolver ante el organismo, además de retrasos en la entrega de información sobre los expedientes. Señaló también fallas en las medidas de seguridad, al asegurar que autoridades como la Guardia Nacional y la policía municipal no han respondido a llamados de emergencia, lo que mantiene en riesgo a los residentes del albergue. Por ello, reiteró la exigencia de destitución del presidente del organismo, al considerar que no se ha garantizado la protección de los derechos humanos.
En respuesta, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, aseguró que la institución actuó de manera inmediata tras recibir la queja, abriendo un expediente contra autoridades municipales por la presunta omisión. Explicó que la recolección de evidencias corresponde a la fiscalía, no al organismo, y que incluso se ofreció atención psicológica desde el primer momento. Añadió que personal de la comisión acudió posteriormente al albergue, pero no se le permitió el acceso, reiterando que el compromiso es colaborar con organizaciones civiles y atender a la víctima.
El caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado tras varios llamados de atención por parte de los mismos activistas que buscan que el ciudadano originario de Guerrero reciba este apoyo ya que las heridas empeoran con el pasar del tiempo al igual que su estado de salud.
