Alertan sobre uniones tempranas, embarazos adolescentes y vacío legal que impide sancionar esta práctica en el estado
TIJUANA, Baja California, 25 de febrero de 2026.- La Red de Mujeres Unidas por Baja California llamó a las y los integrantes de la Cámara de Diputados a discutir y aprobar la iniciativa ciudadana que busca tipificar como delito la cohabitación forzada en la entidad, al advertir que, pese a la prohibición del matrimonio infantil en los códigos civiles, persisten uniones informales de niñas y adolescentes sin que exista una sanción específica.
Vanessa García, presidenta de la asociación, destacó que la propuesta, presentada ante el Congreso local el pasado 15 de octubre, plantea penas de 8 a 15 años de prisión, con agravantes en casos que involucren a población indígena, personas con discapacidad o menores migrantes.
Por su parte, Miriam Ayon, integrante de la red, mencionó que de acuerdo con datos del censo 2020, en Baja California el 2.4% de adolescentes de 12 a 17 años se encontraba en unión, mientras que a nivel nacional la cifra es de 3.7%, porcentaje que se eleva a 7.5% entre mujeres indígenas. Además, cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO) señalan que en 2023 más de cinco mil adolescentes de entre 10 y 19 años dieron a luz en la entidad, lo que equivale a un promedio de 14 nacimientos diarios, de los cuales la mitad se registran en Tijuana. Agregó que tan solo en 2024 nacieron mil 821 bebés de madres entre 10 y 17 años.
Asimismo, Delia Ávila, integrante también de la red, mencionó que existe una “cifra negra” en materia de cohabitación forzada debido a que no está tipificada como delito en el código penal estatal, lo que genera un vacío legal que dificulta su persecución. Aunque estas situaciones pueden encuadrar en delitos como abuso sexual, violación, estupro o trata, subrayaron que muchas veces no se logra acreditar la conducta específica, dejando sin protección efectiva a niñas y adolescentes, especialmente en zonas rurales como San Quintín y el sur del estado, donde influyen factores como pobreza, migración y exclusión social.
La Red destacó que la legislación estatal ya establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio y obliga a las autoridades a adoptar medidas de protección especial, pero insistió en que es necesario homologar la norma local con el Código Penal Federal para que exista una sanción clara. Afirmaron que continuarán impulsando acciones ante el Congreso, los cabildos y organismos de derechos humanos para visibilizar esta problemática y colocar el interés superior de la niñez como eje central de la agenda pública en Baja California.
