TIJUANA, Baja California, 10 de septiembre de 2026.- Existen diversas propuestas ciudadanas y legislativas para reestructurar la geografía política de México y elevar a 35 el número de entidades federativas, modificando los actuales 31 estados y la Ciudad de México.
Estas iniciativas —impulsadas por movimientos sociales, sectores empresariales y actores políticos regionales— buscan descentralizar el poder y corregir disparidades económicas. Sin embargo, su eventual aprobación requeriría un riguroso procedimiento democrático y legislativo.
De acuerdo con el Artículo 73, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión cuenta con la facultad de erigir nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
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Contar con un padrón de al menos 120 mil habitantes.
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Demostrar solvencia financiera propia.
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Aprobar la medida mediante una consulta popular.
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Obtener votación calificada en el Congreso de la Unión.
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Recibir el consentimiento de las legislaturas estatales involucradas.
Actualmente, destacan tres propuestas principales en regiones cuyos habitantes denuncian un rezago presupuestal frente a lo que aportan a sus arcas estatales:
1. La Laguna
Integrada por los municipios coahuilenses de Torreón, Matamoros y San Pedro, junto con Gómez Palacio y Lerdo en Durango. Al tratarse de un importante polo agroindustrial y metalúrgico, sus habitantes argumentan que la recaudación fiscal se concentra desproporcionadamente en las capitales de sus respectivos estados (Saltillo y Victoria).
2. La Huasteca Potosina
Conformada por municipios con gran riqueza cultural y económica pertenecientes a San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas. La lejanía geográfica respecto a sus respectivas capitales encarece la gestión gubernamental y limita su acceso a infraestructura vial prioritaria.
3. El Soconusco
Ubicado al sur de Chiapas, destaca por su alta productividad en cultivos de exportación como café, cacao, plátano y mango. Esta región posee antecedentes históricos de autonomía previos a su anexión al estado, y mantiene un reclamo histórico por el manejo centralizado de los recursos desde Tuxtla Gutiérrez.
En la actualidad, no existe ningún proyecto de ley o dictamen aprobado en el Congreso de la Unión que contemple la modificación inmediata del mapa político de México.
