La propuesta busca retribuir a los creadores de contenido por la reproducción no autorizada de sus obras
MÉXICO, 6 de noviembre de 2026.- Una propuesta impulsada por la Secretaría de Cultura, Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) y la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) busca imponer una tarifa del 2% a la venta de dispositivos tecnológicos ha encendido un nuevo debate fiscal en el país.
El gravamen, señalado coloquialmente como el “moche digital”, se justifica oficialmente bajo el concepto de remuneración compensatoria por copia privada, con la intención de retribuir a los creadores de contenido por la supuesta reproducción no autorizada de sus obras.
Sin embargo, la medida ha desatado una fuerte controversia al ser señalada por expertos como un impuesto anacrónico que encarece la tecnología y castiga el acceso digital de los ciudadanos.
Por un lado, defensores de la iniciativa como Mauricio Jalife Daher, presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), argumentan que no se trata propiamente de un impuesto, sino de un derecho largamente postergado en la legislación mexicana.
Desde su perspectiva, al acceder de manera cotidiana a contenidos protegidos en teléfonos, computadoras u otros equipos, resulta justo retribuir económicamente a los autores y empresas a través de Sociedades de Gestión Colectiva que distribuyan los recursos de forma proporcional a la popularidad de las obras.
No obstante, la oposición técnica es severa. Radamés Camargo, analista independiente del mercado de contenidos audiovisuales, explicó a Expansión que la medida carece de sustento en la era moderna y representa un claro caso de doble tributación para los usuarios.
Camargo señala que los consumidores ya pagan de manera recurrente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en sus suscripciones mensuales a plataformas de entretenimiento y cubren aranceles de importación al adquirir cualquier dispositivo en el mercado formal, por lo que agregar una sobretasa del 2% al valor del hardware equivale a cobrarles por segunda ocasión el acceso a los contenidos.
Asimismo, recalca que la figura de la copia privada responde a un contexto tecnológico de hace más de dos décadas, cuando las personas grababan discos compactos o transferían archivos a reproductores portátiles, una dinámica que hoy está prácticamente extinta debido al dominio absoluto del streaming y el almacenamiento en la nube.
Este intento gubernamental revive un antecedente legislativo importante, pues en 2021 el Congreso de la Unión ya había rechazado un proyecto similar ante el rechazo de la industria y el riesgo de elevar las barreras de acceso a la tecnología.
De concretarse ahora, el cobro aplicaría a una amplia gama de herramientas cotidianas, desde teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras de escritorio hasta discos duros externos, tarjetas SD, memorias USB, impresoras y equipos multifuncionales, consolidando una sobretasa que para diversos sectores representa únicamente un mecanismo recaudatorio desfasado de la realidad digital actual.
