Representantes empresariales, sindicales y autoridades laborales coincidieron en que aún existen retos para garantizar servicios de salud oportunos, fortalecer las instituciones y asegurar el respeto a los derechos de las y los trabajadores.
TIJUANA, Baja California, 6 de agosto de 2026.- La atención médica continúa siendo una de las principales necesidades de la clase trabajadora, afirmó Elisa Ibáñez, presidenta de COPARMEX Tijuana, al señalar que la saturación en los servicios de urgencias, la falta de especialistas y el rezago en la programación de cirugías del IMSS obligan a muchas empresas a destinar recursos adicionales para apoyar a sus colaboradores. Explicó que algunas compañías incluso han implementado clínicas dentro de sus instalaciones o contratado seguros médicos privados para complementar la atención, mientras el instituto fortalece su capacidad de respuesta.
Por su parte, Mario Madrigal, secretario general de SINTOLED, consideró que antes de impulsar nuevas reformas laborales es necesario consolidar las ya existentes mediante el fortalecimiento del IMSS, la Secretaría del Trabajo y los mecanismos de conciliación. Además, señaló que otro pendiente es actualizar las tablas del Impuesto Sobre la Renta para los trabajadores de la frontera norte, ya que el incremento salarial termina reduciéndose por la carga fiscal, tema que, dijo, continúa en análisis con las autoridades federales.
En tanto, Alejandro Arregui, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California, llamó a las empresas a cumplir con las obligaciones laborales para evitar sanciones, al señalar que durante el último año se aplicaron multas cercanas a los 200 millones de pesos por incumplimientos a los derechos de las y los trabajadores. Explicó que las sanciones varían según el tipo de violación y el número de empleados afectados, por lo que reiteró que el cumplimiento de la ley es la mejor vía para prevenir conflictos laborales.
Como parte de los cambios recientes en materia laboral, México ha avanzado en reformas como el incremento sostenido del salario mínimo y la aprobación de la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, cuya implementación iniciará en 2027 para concluir en 2030, además del fortalecimiento de los mecanismos de inspección y protección de los derechos de las personas trabajadoras.
