Denuncian incumplimiento de promesas de reubicación y advierten que el cambio de uso de suelo agravaría su situación.
TIJUANA, Baja California, 23 de abril de 2026.- A más de cuatro años del deslizamiento registrado en la colonia Camino Verde, en Tijuana, considerado por vecinos como uno de los más grandes en la zona norte del país y que ha afectado al menos 365 predios, habitantes continúan enfrentando condiciones de riesgo e incertidumbre. Carla Lisbeth Guzmán Ortiz, residente con 38 años en la zona, expresó su rechazo al cambio de uso de suelo planteado recientemente, al considerar que no existen estudios que lo respalden y que podría afectar incluso a quienes no presentan daños en sus viviendas.
Asimismo, Sergio Antonio Muñoz Mejía, quien tiene cerca de 30 años viviendo en Camino Verde, relató que las obras de contención quedaron inconclusas y mal ejecutadas, ya que de los 41 pilotes proyectados solo se construyó una parte y con menor profundidad. Afirmó que, pese a una inversión millonaria anunciada, no se resolvió el problema estructural ni se garantizó la seguridad de las familias, muchas de las cuales continúan habitando la zona sin servicios básicos ni opciones de reubicación, incluso en condiciones precarias junto a menores de edad.
Sobre la reubicación de los habitantes, Zuleima Alemán, representante del comité vecinal, destacó que solo 14 familias ya habían sido reasentadas; sin embargo, denunció irregularidades en la entrega de apoyos por parte del gobierno estatal, esto al indicar que las viviendas ubicadas, en su mayoría en el fraccionamiento Vista Horizonte, al encontrarse deshabitadas ya se encontraban invadidas por personas en condición de calle o se encontraban en condiciones deplorables para las familias que habían perdido su casa por el deslizamiento.
El grupo de aproximadamente 80 ciudadanos ingresó con pancartas y consignas al interior de las oficinas del Instituto Municipal de Planeación, donde entregaron las hojas de inconformidad de más de 400 personas con relación al cambio de uso de suelo a “no habitacional”. En el sitio, Armando Noriega, también representante del comité, mencionó que más que una manifestación, era un llamado a la autoridad para que pusiera especial atención en este problema que está latente desde que inició la actual administración de Baja California.
Los residentes tienen hasta el 30 de abril para entregar la documentación correspondiente a las autoridades del IMPLAN, esto sin un plazo para recibir una respuesta contundente que los libere del miedo y peligro constante que viven desde hace ya varios años.
