Tras ocho años de espera, víctimas de los deslizamientos señalan que el proceso judicial llega tarde y aún deja pendientes en materia de reparación del daño y apoyo social.
TIJUANA, Baja California, 27 de febrero de 2026.- Luego de ocho años de espera, afectados por los deslizamientos en el fraccionamiento Lomas del Rubí recibieron la noticia de la vinculación a proceso de los presuntos responsables, entre ellos el representante legal de la fraccionadora y la encargada de obra relacionada con Grupo Melo.
Atalia Ramos, una de las vecinas afectadas, señaló que la audiencia inicial ya fue celebrada, aunque el retraso en la integración de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía prolongó el acceso a la justicia para decenas de familias.
Ramos expresó que, si bien el avance judicial representa un paso importante, para muchas víctimas la resolución llega tarde. Expuso que durante estos años varias personas enfermaron o fallecieron, además de que las familias enfrentaron afectaciones económicas, emocionales y de salud derivadas de la pérdida de su patrimonio.
En su caso particular, indicó que su familia ha enfrentado gastos médicos elevados tras el diagnóstico de cáncer de su padre, ocurrido un año después de los hechos.
En total, detalló que fueron 168 predios dañados, aunque 130 denuncias ya se encuentran judicializadas. Advirtió que existe preocupación de que alguno de los involucrados pueda abandonar la ciudad o el país, debido a que el valor estimado de los daños supera los 100 millones de pesos.
Asimismo, indicó que todavía hay alrededor de 100 viviendas en zona de riesgo, incluyendo áreas cercanas y el fraccionamiento Valle del Pedregal, donde Protección Civil mantiene delimitaciones preventivas.
En materia de apoyo social, explicó que 130 viviendas fueron entregadas en la zona de Santa Fe; sin embargo, alrededor de 30 familias, identificadas como grupo de posesionarios, quienes habitaban en predios de familiares, no han recibido respaldo.
Estas personas continúan pagando renta y a la espera de que autoridades municipales, estatales o federales les otorguen un terreno o sean consideradas en nuevos programas de vivienda.
Las familias afectadas reiteraron su disposición a explorar una mediación que permita una reparación del daño sin prolongar el proceso judicial, aunque subrayaron que, tras ocho años de espera, mantendrán la exigencia de justicia integral y apoyo para quienes aún permanecen en incertidumbre.
