Las bodegas fueron situadas en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de agosto de 2026.- Autoridades federales aseguraron cajas con documentos que revelarían la “simulación ejecutada” que llevaba a cabo la red de contrabando de combustible de cual es acusado el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido por dicho delito el pasado 16 de julio.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su titular, Ernesto Godoy Ramos, informó que este reciente aseguramiento “abrirá nuevas líneas de investigación” en torno a la acusaciones contra el político bajacaliforniano , así como con 24 personas más, de las cuales, 9 ya están detenidas.
En un comunicado se precisa que derivado a los avances en la investigación, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada solicitó y obtuvo de un Juez de Distrito una orden de cateo para dos bodegas ubicadas en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.
En este espacio, ministerios públicos y peritos de la FGR, junto a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguraron pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos relacionados a la investigación que realizan en contra del exgobernador.
“El análisis de lo asegurado permitió identificar indicios relevantes, sobre operaciones de comercio exterior de la empresa investigada, los cuales aportan mayores elementos del modus operandi y abrirían nuevas líneas de investigación sobre esta compleja red de contrabando de combustible”, se lee en el boletín.
Además, señalan que los documentos estarían relacionados con otros esquemas delictivos que ya investiga dicha Fiscalía.
Godoy Ramos aseguró que la FGR respeta a cabalidad la presunción de inocencia y el debido proceso, destacando que cada uno de los vinculados a proceso cuenta con las garantías de ley para ejercer su defensa, frente a los documentos que integran las carpetas de investigación.
También informó que no ha sido notificada de que la defensa de Ruffo Appel haya solicitado el cambio de medida cautelar a efecto de que la prisión preventiva oficiosa sea cumplida en prisión domiciliaria.
“En cambio, tenemos información que en su internamiento se garantizan todos los cuidados de salud con los que debe contar y se respetan cabalmente sus derechos”, se finaliza en el documento.
