TIJUANA, Baja California a 06 de septiembre de 2026.- Después de pasar décadas en Estados Unidos, algunos adultos mayores deportados llegan a Tijuana y enfrentan el reto de comenzar de nuevo, lejos de sus familias, con problemas de salud y pocas oportunidades para reincorporarse al mercado laboral.

El Proyecto Salesiano ha identificado entre las personas que atiende a un número importante de deportados, varios de ellos mayores de 60 años, quienes buscan apoyo para cubrir necesidades básicas y encontrar alternativas para reiniciar su vida en la ciudad.

Claudia Portela, administradora del Proyecto Salesiano, explicó que algunas de estas personas fueron detenidas mientras realizaban actividades laborales en Estados Unidos, como trabajos de jardinería o en comercios. Al llegar a Tijuana, muchos permanecen en contacto con sus familiares que continúan del otro lado de la frontera.

“Como tenemos servicio de llamadas en el desayunador, muchas veces ellos piden llamar a sus familiares y, cuando les pedimos el número para poder marcar, nos damos cuenta de que son números del otro lado”, señaló Portela.

El Desayunador Salesiano proporciona alrededor de 700 comidas cada día a personas en condiciones de vulnerabilidad. Aproximadamente la mitad de quienes reciben este apoyo han sido deportados desde Estados Unidos, y muchos de ellos son mayores de 60 años.

Para quienes fueron deportados después de vivir durante años en Estados Unidos, el regreso a México representa además la necesidad de adaptarse nuevamente a un entorno que, en algunos casos, dejaron décadas atrás.

La reinserción laboral es uno de los principales desafíos para esta población, especialmente por su edad y sus condiciones de salud.

“Ellos muchas veces estaban trabajando en el otro lado, eran emprendedores, o personas de 70 años, como ha pasado. ¿Qué les queda? Guardias de seguridad todo el día parados”, expresó la administradora del Desayunador Salesiano.

De acuerdo con organizaciones que acompañan a esta población, el fenómeno se ha mantenido durante al menos los últimos tres años en la ciudad.

Fotos: Selene Reynoso

TIJUANA, Baja California a 06 de septiembre de 2026.- La coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como las acciones de prevención del delito y atención a jóvenes en zonas de riesgo, forman parte de las estrategias que, de acuerdo con el alcalde de Tijuana con licencia, Ismael Burgueño Ruiz, deben mantenerse para enfrentar los problemas de seguridad que persisten en Baja California.

Durante sus declaraciones, Burgueño señaló que la participación conjunta de los distintos órdenes de gobierno ha sido uno de los ejes de la estrategia de seguridad implementada en la entidad, particularmente a través de las mesas de coordinación y la definición de acciones entre corporaciones municipales, estatales y federales.

El exalcalde relacionó este esquema de trabajo con una disminución del 48 por ciento en los homicidios dolosos registrada en Baja California, cifra que atribuyó al fortalecimiento de las labores de investigación, inteligencia, uso de tecnología, equipamiento y capacidades de las corporaciones de seguridad.

Sin embargo, destacó que las acciones operativas deben complementarse con medidas de prevención y programas dirigidos a atender factores que pueden llevar a sectores de la población, principalmente jóvenes, a involucrarse en entornos de violencia o actividades delictivas.

En este sentido, mencionó la importancia de impulsar oportunidades educativas, actividades productivas, recreativas y programas de acompañamiento en las colonias, como parte de una estrategia enfocada también en prevenir el delito antes de que ocurra.

Burgueño Ruiz consideró que los municipios deben mantener participación dentro de la estrategia nacional de seguridad, actuando desde sus respectivas atribuciones y en coordinación con las autoridades estatales y federales.

Baja California continúa enfrentando distintos retos en materia de seguridad, por lo que la efectividad de las estrategias dependerá, entre otros factores, de la continuidad en la coordinación institucional, el fortalecimiento de las corporaciones y la implementación de acciones preventivas dirigidas a las comunidades con mayores condiciones de vulnerabilidad.