Advierten que la falta de acceso inmediato al antídoto contra opioides como el fentanilo está costando vidas en ciudades fronterizas del país.
TIJUANA, Baja California, 7 de mayo de 2026.- Integrantes de organizaciones dedicadas a la reducción de daños y atención médica exigieron a las autoridades federales desclasificar la naloxona para permitir su acceso libre y oportuno, al señalar que las sobredosis por consumo de opioides sintéticos como el fentanilo ya afectan a toda la sociedad y no únicamente a personas en situación de calle o usuarias visibles en zonas como la Norte.
En ese contexto, la directora operativa de Prevencasa, Lilia Pacheco, explicó que las muertes relacionadas con opioides se han documentado también en Mexicali, San Luis Río Colorado, Ciudad Juárez y Chihuahua, y aseguró que muchas pudieron evitarse con la disponibilidad inmediata del medicamento.
Asimismo, destacó que actualmente existen iniciativas presentadas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para modificar la Ley General de Salud y retirar a la naloxona de la categoría de psicotrópicos, donde comparte clasificación con opioides controlados; sin embargo, resaltó que este fármaco no genera dependencia u otros efectos secundarios que puedan afectar el bienestar de la persona.
Por su parte, el coordinador del área médica, Enrique López Muñoz, advirtió que una sobredosis puede provocar el cese de la respiración en cuestión de segundos, reduciendo drásticamente la oxigenación del cerebro y otros órganos. Explicó que cada minuto es determinante, pues los servicios de emergencia suelen tardar en llegar y en algunos casos ni siquiera hay personas presentes que puedan solicitar ayuda.
En el mismo sentido, Alfonso Chávez, coordinador de reducción de daños de Prevencasa, señaló que desde 2017 comenzó a registrarse un incremento de sobredosis relacionadas con fentanilo en la frontera norte y lamentó que México carezca de datos oficiales claros sobre cuántas personas mueren por esta causa. Indicó que países como Estados Unidos han demostrado que colocar la naloxona en manos de las comunidades y personas usuarias reduce significativamente las muertes fatales, por lo que llamó a replicar esas prácticas y evitar que quienes porten el medicamento enfrenten consecuencias legales por intentar salvar una vida.
Los activistas advirtieron que, mientras la naloxona continúe con restricciones de acceso, las comunidades seguirán enfrentando emergencias donde unos cuantos minutos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, además de aumentar sus costos de operación, ya que cada dosis ronda los 400 pesos, y han registrado casos donde se requieren hasta cinco de estas para revertir los efectos en el paciente.
