Aseguran que lo presentado en el video constituye un acto de discriminación
TIJUANA, Baja California, 11 de mayo del 2026.- Diversos colectivos LGBT de Baja California se pronunciaron en redes sociales para mostrar su rechazo a los hechos evidenciados en una serie de videos publicados en las cuentas oficiales de la ”Patrulla Espiritual”, reconocido grupo de personas que se encarga de buscar a personas en situación de vulnerabilidad en las calles de Tijuana, con el objetivo de rehabilitarlas en sus clínicas Jireh.
Los videos denunciados hacen relación a un hecho presuntamente suscitado este pasado 9 de mayo, en donde se muestra a Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como “El Chikilin”, junto a diversos integrantes de su equipo, subiendo a la fuerza a una mujer trans, que se autodenominó como Karime Emmanuel, quien estaba caminando por el área de 5 y 10.
En uno de los últimos videos se puede escuchar algunas burlas en torno a la apariencia de la víctima, incluso hacen el comentario de “póngale ropa de hombre”. Además en un clip demostraron que se le cortó el cabello durante su estancia en la clínica.
Ante estos actos, el Comité Orgullo Mexicali emitió una postura en la que denunciaron que dicha acción corresponde a una “implementación sistemática en tentativa de una terapia de conversión”, situación que está prohibida ante el Código Penal de Baja California.
Por su parte, la Comunidad Arcoiris de Baja California calificó como “alarmante” que los miembros de la Patrulla Espiritual hicieran comentarios burlescos contra Karime Emmanuel, pues aseguran que eso constituye una forma de violencia simbólica y de discriminación.
Además, Susana Barrales, directora de La Casita Unión Trans, solicitó un diálogo con los integrantes de este grupo con el objetivo de abrir un canal de comunicación que permita una interacción libre de discriminación.
Finalmente, el regidor mexicalense Alfredo Wong, con acción afirmativa LGBTIQ+, exigió a través de un posicionamiento que se investiguen las acciones presentadas en dichos videos, para que en caso de comprobarse violaciones, se hagan las sanciones correspondientes.
