Contadores independientes deberán notificar al SAT operaciones de alto riesgo de sus clientes

También deberán registrase al sistema de prevención de lavado de dinero

MÉXICO, 23 de septiembre de 2026.- De acuerdo a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y a las disposiciones oficiales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), los abogados, contadores, gestores y consultores deben registrarse formalmente en el sistema de prevención de lavado de dinero y presentar avisos específicos.

El cumplimiento normativo no aplica a todos los servicios de rutina, sino que recae en los especialistas cuando realizan gestiones en nombre de sus clientes que implican la administración de recursos o actos corporativos de alto riesgo.

Entre las principales actividades vigiladas se encuentran la compraventa de bienes inmuebles, el manejo y custodia de efectivo o activos de los clientes, la gestión de cuentas bancarias, la organización de aportaciones de capital para crear sociedades, y la constitución o reestructuración de empresas y fideicomisos.

Los profesionistas que ejecutan este tipo de transacciones deben cumplir con una rigurosa agenda de cumplimiento que incluye enviar reportes mensuales a más tardar el día diecisiete del mes posterior, detallando la identidad del cliente y del beneficiario controlador real, así como enviar informes en ceros cuando no haya movimientos.

Además, se debe evitar el uso de efectivo en los actos prohibidos por la ley y mantener expedientes en orden para respaldar cualquier visita de verificación de la autoridad.

Pasar por alto estas disposiciones puede resultar devastador, ya que las sanciones económicas varían desde doscientas hasta sesenta y cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización, lo que equivale a multas que van desde más de veintitrés mil pesos hasta superar los siete millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la falta; y asimismo, el SAT tiene la facultad de suspender temporalmente las operaciones vinculadas con estos servicios hasta que el infractor logre regularizar su situación legal.

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